El Ministerio de Hacienda desestimó en 2014 la demanda de un particular que denunciaba la apropiación por parte del obispado de la Mezquita de Córdoba, inmatriculada en 2006. El argumento en el que se basó este organismo fue que la Iglesia es la encargada de gestionar el templo desde que este fuera consagrado por Fernando III el Santo en 1236.