La hoja de ruta política es la del mantenimiento y ampliación de los privilegios de la Iglesia Católica

El blindaje institucional a la Iglesia católica se evidencia en la actuación de la Agencia de Protección de Datos y en un Gobierno que refuerza la impunidad eclesiástica y sus privilegios como el mantenimiento de su dominio sobre el Valle de los Caídos.

Las noticias internacionales revelan el avance del integrismo religioso: desde jueces en Texas que invocan su fe para discriminar hasta políticos latinoamericanos que buscan imponer la Biblia en las escuelas.

En los artículos de opinión se advierte el retorno del discurso religioso en la política y la cultura, pero también la reivindicación ciudadana de espacios laicos como las ceremonias cívicas.

En el terreno judicial seguimos viendo cómo la institucionalidad blinda a una Iglesia católica que se mantiene en la impunidad hasta en los casos más evidentes. Donde las empresas pagan multas millonarias por filtraciones de datos, la Agencia Española de Protección de Datos archiva las quejas por la filtración de datos personales de víctimas de abusos, afirmando que los obispos actuaron «con diligencia» aun cuando tardaron meses en hacerlo. Este archivo podría impactar en beneficio de los obispos en el proceso judicial que tienen abierto las víctimas. Además, el Gobierno ha mostrado su entrega a los obispos y religiosos a través de una visita del ministro Bolaños al Vaticano para someter a su criterio el plan de reparación a las víctimas de abusos junto con el de resignificación del Valle de los Caídos, que con las medidas ya aprobadas en 2024 por el Consejo de Ministros, que ya comprometían recursos públicos para financiar las indemnizaciones a víctimas, y el anuncio de la permanencia de los benedictinos en Cuelgamuros, queda patente que la hoja de ruta es la del mantenimiento y ampliación de los privilegios de la Iglesia, blindando su impunidad con recursos públicos que financiarán la reparación de sus crímenes. Todo esto a la vez que seguimos conociendo noticias de casos de abusos, como por ejemplo la confirmación de la condena a dos años de cárcel por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares por abusar de una niña.

A nivel simbólico y cultural, la polémica sobre el velo o el cabello femenino, ilustrada en la imagen de Rosalía, pone de manifiesto el peso histórico de la moral religiosa sobre la autonomía corporal y los códigos femeninos.

La presión social en Ávila por la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia y el rechazo a privatizaciones eclesiásticas de uso público se hace notar con un nuevo caso en el que los obispos quieren hacer caja con un bien que era utilizado por la ciudadanía que ahora se ve privada de su uso y corren el riesgo de perderlo irremediablemente por su subasta.

En materia de libertades, el Senado frena a Vox en su intento de restringir fiestas islámicas reafirmando el derecho a la diversidad religiosa en el espacio público, mientras que la demanda de espacios para enterramiento musulmán en Extremadura o el conflicto en torno a la custodia de menores por convicciones religiosas muestran que este derecho está igualmente cuestionado y sus límites difusos.

La noticia sobre la la negación de la custodia compartida a un padre ultracatólico en Madrid pone en evidencia cómo las convicciones religiosas pueden condicionar decisiones judiciales. Así, la sentencia recoge: «Las discrepancias de los progenitores en relación con la libertad religiosa y el respeto a la misma, en el presente caso resultan altamente relevantes en orden a valorar una guarda y custodia compartida, pues son de tal calado y presencia que afectan a todos los aspectos de la vida de las menores». Según infobae: «El tribunal destacó la necesidad de garantizar “un entorno de neutralidad y tolerancia”».

En una entrevista en la Cadena Ser, María Jesús Martín-Díaz, autora del libro Franco en los pupitres, vemos su análisis sobre educación franquista, donde subraya cómo la Iglesia se consolidó como vencedora en el sistema escolar, perpetuando un marco cultural confesional que resiste aún hoy.

Continúan las reuniones entre jerarcas de la Iglesia católica y primeros ministros, en este caso con el presidente de Bielorrusia, donde un cardenal ha ido a criticar «el aislamiento» internacional de este país en el que existen denuncias de represión a disidentes y miembros de algunas Iglesias.

En Noruega, un atacante de una mezquita fue condenado a 21 años de prisión por un atentado hace seis años, reflejando la creciente preocupación por el extremismo religioso violento.

En Costa Rica, el candidato presidencial Fabricio Alvarado impulsa un proyecto para incluir la lectura de la Biblia en las aulas como guía de vida, un movimiento que pone en riesgo la neutralidad laica en el ámbito educativo, con una propuesta que se presenta en un formato que pretende respetar la libertad de conciencia, lo que demuestra la sensibilidad laicista de la sociedad costarricense que puede resistirse a propuestas como esta.

En Argentina, el obispo castrense apoyó un fallo judicial que favorece a represores de la última dictadura, evidenciando la persistencia de vínculos entre la Iglesia y estructuras autoritarias en el país americano.

En Texas, los jueces pueden ahora negarse a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo por motivos religiosos con motivo de una resolución del máximo órgano judicial de este Estado, lo que afecta los derechos civiles.

Esta resolución se ha dictado revocando la sanción impuesta por la Comisión Estatal de Conducta Judicial a una jueza de paz al considerar que se ponía en duda su capacidad para actuar de forma imparcial en función de la orientación sexual debido a que se negó a oficiar un matrimonio entre personas del mismo sexo alegando motivos religiosos.

En Jerusalén miles de ultraortodoxos protestan contra el alistamiento militar obligatorio, defendiendo su estilo de vida basado en el estudio de la Torá. Objeción de conciencia que no reconoce el gobierno israelí.

Los artículos de opinión reflejan la preocupación por el resurgimiento de ideologías fuertemente influenciadas por la religión que, desde la ultraderecha hasta ciertos ámbitos culturales, condicionan la vida pública y los derechos civiles.

Najat El Hachmi, escritora española de origen marroquí, aborda la situación de las niñas migrantes en El Raval (Barcelona), que no pueden salir a la calle a jugar, ni hablar con niños sin miedo, y según la autora no podrá mientras exista la extrema derecha y el racismo. Rafael Sanmartín reflexiona sobre el peso de las tradiciones religiosas y su influencia en las identidades culturales andaluzas.

Eduardo Montagut, doctor en Historia, aporta análisis históricos sobre el integrismo y las relaciones entre religión y delincuencia, evidenciando patrones sociológicos que persisten.

Ana Pardo de Vera, directora corporativa del diario Público, denuncia la persistencia de mensajes ultra que, como los de Alves y Trump, reviven discursos excluyentes, amenazando avances sociales en igualdad y derechos. Paco Cano, periodista de Ctxt, denuncia la instrumentalización del odio y el fundamentalismo religioso para justificar políticas excluyentes y xenófobas a nivel internacional, que en España tienen grandes exponentes en Ayuso y Vox. Jonathan Martínez, de Asturias Laica, identifica un creciente retorno de discursos teológicos en la política actual. Jorge Marirrodriga aporta tres razones clave que explican cómo el catolicismo recupera terreno, en parte, gracias a sus vínculos con el poder y su capacidad para adaptarse culturalmente.

Por contra, Fernando Santiago resalta la creciente popularidad de los funerales laicos como expresión de una ciudadanía diversa que busca opciones fuera del ritual confesional tradicional.

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