Los incendios forestales en España se han disparado y lo que vemos no es una fatalidad inevitable: es el resultado de una crisis climática que ya golpea con olas de calor históricas y de una gestión política que llega tarde, mal y nunca. Sólo en los últimos días una oleada de fuegos ha devorado más de 115.000 hectáreas (350.000 hectáreas, por ahora).

Las condiciones que convierten una chispa en un infierno están servidas: temperaturas que han rozado 46 ºC, aire seco, vientos erráticos y tormentas secas. Eso es gasolina en el monte. Cuando el termómetro se dispara y la humedad cae, cualquier chispa —un rayo, una negligencia, una quema agrícola mal hecha— se vuelve un monstruo imparable. No es casualidad: la ciencia lleva años advirtiéndolo y este verano lo ha confirmado con crudeza.

El fuego no solo se alimenta del clima: también de nuestra desidia. Llevamos años privatizando y estacionalizando la prevención: brigadas que se despiden en invierno y se rehacen a contrarreloj en verano; salarios bajos, rotación alta, formación insuficiente; medios prestados que llegan cuando ya arde la media ladera. Es la receta perfecta para el desastre: “un país que paga helicópteros en agosto para ahorrarse azadas en enero”. Y mientras tanto, seguimos tolerando conductas de riesgo: quemas de rastrojos sin control, focos para sacar verde al pasto, imprudencias que se vuelven tragedia. Para colmo, hay detenciones por fuegos provocados, incluso de personas vinculadas a tareas de extinción. No son casos aislados que puedan tapar una mala estructura: son la grieta por la que se cuela el incendio permanente.

El gobierno no puede escudarse en decir a las comunidades que si necesitan ayuda que lo pidan. El Estado tiene que actuar según la emergencia y las luchas políticas lo único que demuestran es que no saben enfrentarse ante situaciones peligrosas en defensa de los ciudadanos y de sus bienes.

Por otro lado, como paso con la Dana en Valencia, los políticos se echan la culpa los unos a los otros y cuando no al cambio climático para lavarse las manos de la responsabilidad y la ineficacia. No hay un pacto de partidos en los cuales en casos como este, de forma inmediata, se realice una actuación que movilice todos los efectivos disponibles, tanto de los medios de extinción como del ejército, no solo de la UME.

Hablemos claro: la gestión a golpe de temporada es pólvora burocrática. Si en invierno el monte no se limpia, si no hay cortafuegos vivos con pastoreo planificado, si no se gestiona el matorral y no se forman equipos estables, el verano cobra la factura con intereses. La prevención no es un eslogan: es trabajo los doce meses del año, con cuadrillas que conozcan su territorio, con planes comarcales, con tecnología de detección temprana y con coordinación real entre administraciones. Cada hectárea que no se limpia en enero se quema en agosto.

Por eso la respuesta debe ser de país, no de campaña. Cuerpo público, profesional y estable de bomberos forestales con estatuto funcionarial, salarios dignos, formación continua y medios propios. Centralización operativa en emergencias para ganar velocidad y coherencia, y descentralización inteligente en prevención para que cada comarca gestione su mosaico de combustible y paisaje. Integrar a ganaderos y silvicultores en planes de manejo, perseguir con firmeza el delito ambiental, y cortar de raíz la precariedad que abre la puerta a la imprudencia y al delito. Y cuando el fuego se acerca a un núcleo habitado, prioridad absoluta: vidas y viviendas primero, siempre.

España no arde por destino, arde por decisiones. El clima ya ha cambiado y seguirá tensando los veranos durante décadas; lo que no puede seguir igual es nuestra respuesta. O pasamos de la economía del paracaidista a la cultura del guarda de invierno, o repetiremos este guion cada agosto con más ceniza y menos bosques. Esto exige política con mayúsculas: una estrategia municipal, de comunidad y estatal de incendios que fije estándares de prevención y medios, un cuerpo profesional estable y bien dotado, planes comarcales de gestión del combustible, persecución ejemplar de la provocación y la negligencia, y coordinación que no dependa del color del gobierno autonómico de turno.