UGT y CSIF avisan de la falta de profesionalización y la precarización de los operativos de prevención y extinción de incendios

Ante los incendios que está sufriendo España (más de 343.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de año), representantes de bomberos y agentes forestales denuncian la precariedad del sector, mientras que agricultores y ecologistas piden más prevención

Al margen de las pérdidas naturales —entre otras, la del paraje de Las Médulas, Patrimonio de La Humanidad—, esta ola de incendios también deja varios heridos y muertos: por ahora, un hombre de unos 55 años que trabajaba en una hípica en la urbanización Soto de Viñuelas, en Tres Cantos; y otros dos, de 36 y 37 años respectivamente, que ayudaban en las labores de extinción del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Las comunidades autónomas más afectadas por los fuegos son, por el momento, Castilla y Galicia (en concreto, Ourense).

«A los agentes medioambientales, que son los jefes de extinción, los directores de extinción, te dan un curso de una semana y, aunque no hayas visto un incendio en tu vida, allá te mandan a ser responsable de todo lo que pasa en el operativo», ha lamentado Sara Mateos, agente medioambiental de Castilla y León y, además, delegada sindical de CSIF.

Por su parte, el responsable federal de bomberos forestales de UGT, Francisco Javier García Rodríguez, ha denunciado que «el dispositivo, ya sea de la comunidad autónoma en mayor o menor medida, está sin profesionalizar». En este sentido, ha criticado que todavía no haya ninguna comunidad autónoma que haya comenzado a realizar los trámites necesarios para aplicar la Ley básica de bomberos forestales, que se firmó en noviembre de 2024 para reforzar y coordinar todas las operaciones en materia de incendios forestales.

También las organizaciones Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han pedido condiciones de trabajo dignas para los equipos de extinción de incendios y han propuesto una serie de medidas para evitarlos, que incluyen un modelo de gestión de las masas forestales que cree un mosaico agroforestal (terreno que combine espacios abiertos y áreas arboladas, contribuyendo a generar paisajes con mayor capacidad de adaptación y recuperación ante el fuego). Por su parte, WWF España ha elaborado un informe sobre los incendios forestales, Incendios fuera de control, 20 años promoviendo la prevención, en el que se detalla precisas propuestas para evitar los incendios.

Ecologistas en Acción recuerda que el Estado español, y por tanto las comunidades autónomas, así como el resto de los gobiernos de la cuenca mediterránea, estaban ya alertados de que las condiciones meteorológicas del verano serían de nuevo favorables a la generación e intensificación de incendios forestales.

En este marco de un problema tan complejo y que viene siendo estudiado desde diferentes ámbitos, Ecologistas en Acción defiende que es necesario ampliar la mirada y ver todo el problema en su conjunto. Hay dos cuestiones fundamentales que a menudo quedan en el olvido: la reducción de las igniciones y la actuación temprana en la extinción. Y para ello, se necesitan muchos más recursos y compromiso por parte de todas las administraciones.

Mientras que en algunos territorios hay cuerpos especializados que trabajan todo el año, en otros lugares —como Castilla y León— los sindicatos de profesionales denuncian la falta de previsión, las jornadas maratonianas, la ausencia de bolsas de empleo y la insuficiente formación real de los operativos de extinción. En esta comunidad autónoma se ha llegado incluso a sustituir el personal de las torres de vigilancia por un sistema de cámaras que ha resultado a todas luces ineficaz.

Por otra parte, según el último informe decenal Los incendios forestales en España publicado en 2019 por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 80,77 % de los incendios fue de origen antrópico, bien con fines dolosos (52 %) o por negligencia (28 %). A pesar de ese nivel de conocimiento, solo en el 17 % de los casos de origen antrópico global se consiguió identificar a quien lo causó y, dentro de ellos, solo en el 2% de los casos de incendios provocados se detuvo al culpable.

En España, la superficie forestal ocupa más del 55% del territorio, con una tendencia al crecimiento lento pero sostenido como consecuencia del abandono rural, especialmente de la superficie arbolada que ahora ocupa el 37% de la superficie estatal. Una superficie de más de 28 millones de hectáreas donde las acciones de gestión no pueden generalizarse y deben de realizarse priorizando diferentes objetivos en función de la zona. Por ejemplo, hay que limitar las plantaciones de eucalipto, como especie exótica invasora que agota los recursos hídricos del suelo y es tremendamente inflamable.

Para los ecologistas, la gestión forestal orientada a la prevención de incendios debe adaptarse a las características y necesidades específicas de cada territorio, y realizarse con criterios de conservación de la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático. En zonas cercanas a núcleos de población, infraestructuras críticas o puntos estratégicos para la intervención de los servicios de extinción, puede ser necesario aplicar una gestión más intensa que reduzca la carga de biomasa y facilite el acceso, aumentando la capacidad de extinción.

En aquellas áreas más amplias del territorio donde sea posible, la gestión extensiva debe centrarse en fomentar un mosaico agroforestal. Finalmente, en espacios con masas autóctonas o en restauración, es clave favorecer la maduración y complejidad estructural de los bosques, ya que los ecosistemas forestales maduros presentan una mayor resiliencia frente a grandes incendios, especialmente los bosques de quercíneas (robles, encinas, alcornoques…).

«Cabe recordar que la gestión extensiva, la que genera el mosaico agroforestal, es posible en aquellas comarcas donde aún queda un mundo rural vivo. Pero lamentablemente ese no es el escenario generalizado, ya que la despoblación afecta a gran parte del territorio, por lo que son urgentes políticas que luchen contra el reto demográfico y faciliten el desarrollo del sector primario, especialmente el de base agroecológica», concluyen las ecologistas.