El gobierno de Díaz Ayuso había aprobado un Protocolo que impedía llevar a la inmensa mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas, algo que nunca ocurrió. Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida; no se produjo la atención sanitaria adecuada a los ancianos por decisiones políticas y de gestión discriminatorias. Esta situación requiere que la justicia actúe para clarificar la verdad y exigir responsabilidades penales y civiles.