Las movilizaciones del Sindicato de Inquilinas ponen en el centro una reivindicación material en un contexto inundado por la culpabilización a los migrantes. El reto es superar las trampas de la política representativa

Entre la gente activa de eso que llamamos movimientos sociales existe una palabra cuasi mágica cuando se habla de una movilización: desborde. Si se invoca, lo que dice es que no somos los mismos de siempre y sus círculos inmediatos, que lo imprevisto ha aparecido: en el número de personas, la composición social o la energía política que se respira. A veces no es nada muy concreto, es una percepción sensible, una cierta brisa que eriza los vasos sanguíneos, la intuición de que algo pasa y que quizás se escape a los tiempos y formas de la protesta instituida. La manifestación del sábado pasado en Madrid tuvo sin duda rasgos de este inesperado desborde. La acampada actual de Sol, también.

La comparación con el 15M es inevitable, sobre todo para las generaciones que lo vivimos y que, sin duda, quedamos marcadas por la experiencia. Sin embargo, y aunque el repertorio de acción es similar, sus muchas diferencias nos dicen algo de la distancia entre el 2011 y el momento presente. Hay similitud en la composición: mucha gente joven de clase media, que si en el 15M se sintieron estafados por el sistema que no cumplía sus promesas, hoy ya han asumido que la promesa ni existe pero se sienten expropiados al tener que pagar a sus caseros cantidades astronómicas de sus exiguos salarios.

Una diferencia muy evidente es que esta movilización está convocada por Sindicato de Inquilinas (SI), que sitúa tiempos, dispositivos y demandas sobre la mesa. Esta organización lleva desde 2017 estructurándose de forma consciente y pensando cada paso de su crecimiento, con cuotas, liberados, portavoces designados y formaciones para los militantes, lo que le permite escalar y consolidar posiciones. El SI existe en muchas ciudades pero su estructura es confederal –coordinadas en ocasiones pero con plena autonomía–. Todo ello les ha dado la capacidad de levantar las movilizaciones de estos días, e incluso de dotarlas de dirección –aunque existen otras organizaciones de vivienda–. Esto era impensable en el 15M, una erupción mucho más caótica, diversa y confusa, y donde, de hecho, se rechazaban expresamente formas organizativas muy formalizadas. Quizás por ello tenía más capilaridad social –se movilizaba a partir de múltiples cuestiones– y era más ingobernable. La búsqueda de estructura del SI –y de otras organizaciones que se han creado estos años– surge, en parte, de un rechazo a esta falta de andamiaje de las experiencias pasadas. Esta carencia se ha evaluado como un error: sin organización, acabaron tomando las decisiones los que salían más en la televisión o tenían más seguidores en redes.

El 15M tampoco tuvo un programa claro ni, en principio, unas demandas concretas –aunque la PAH sí elaboró esos años un programa–. La movilización fue una revuelta generacional y se enunció como rechazo a todo un sistema: los políticos apoltronados, los banqueros que eran rescatados con dinero público, la troika que imponía recortes… Se pedía, en definitiva, una democracia diferente, “real”, que superase, en términos de aquellos años, el “régimen del 78”.

La traducción en “medidas” vendría después, en la forma de partidos nuevos que querían “hacer política de otra manera”. Sabemos cómo terminó esa historia. Se entró en gobiernos, se aprobaron leyes más bien tibias y se traicionaron muchas promesas de los programas de mínimos –entre ellas la abolición de la ley mordaza–. El programa regeneracionista de la política también quedó pronto en un cajón donde cogen polvo las limitaciones de mandatos, los límites salariales y la democracia interna –más bien las guerras intestinas acabaron expulsando a los militantes–. Hoy, los partidos de lo que fue “la nueva política” tienen la legitimidad por los suelos e intenciones de voto ridículas. De hecho, parecen ver en estas movilizaciones algo a lo que agarrarse que quizás pueda reportarles algún capital político que los saque de su irrelevancia.

Si la calle vive, el fascismo recula
El 15M frenó por un tiempo, el tiempo de su vigencia política, la salida del descontento social por la extrema derecha como sucedió en otros países europeos –mediante la culpabilización de los migrantes–. Vox solo empezó a subir cuando el 15M se institucionalizó y quedó clausurado. Precisamente la cuestión de la vivienda ha sido un termómetro perfecto de la derechización social española: si el movimiento de las PAH consiguió legitimar la okupación –sobre todo de viviendas vacías de grandes propietarios–, buena parte del ciclo derechista se ha montado sobre la criminalización de esta práctica; la creación de un pánico moral a su alrededor y su asociación a las migraciones. Sobre la vivienda –o su falta– se ha articulado también una parte de la rama movimentista ultra, la más peligrosa: las organizaciones cuasi paramilitares de Desokupa y similares. Por tanto, lo de estos días abre una ventana por la que entra el sol. Si la extrema derecha dice que los culpables de la crisis de vivienda son los migrantes –son demasiados y además okupan–, que están aguardando al otro lado para invadirnos, el movimiento de vivienda pone el foco en el verdadero conflicto. El problema es la ley injusta, los fondos, el rentismo. Y puede cambiarse, poniendo además el cuerpo; es decir, generando conflicto más allá de los discursos y transformando la misma forma en la que sentimos, porque el cuerpo también piensa a su manera. Las experiencias de militancia encarnada transforman a la gente.

En Madrid, el sábado 26, unas veinte mil personas salieron por la “defensa” de Ceuta y contra Sánchez, pero una cifra muy superior –entre 80.000 y 100.000– lo hacía para defender a Maricarmen, para defendernos a todas. “Los inversores son los invasores” y “dónde están los patriotas” se grita en Sol. Pero también, como un déjà vu del 2011: “PSOE, PP: ¡la misma mierda es!”.

¿De quién son las movilizaciones?
Sin embargo no se respira el mismo clima destituyente –antisistema– del 2011. Pese a la corrupción, la destartalada gestión de la crisis de Ceuta y el desgaste de ocho años de gobierno, los resultados de las encuestas tampoco muestran un desplome fulminante del PSOE. Si existiesen partidos a su izquierda con mejores resultados, quizás podría incluso volver a gobernar. Sánchez –antes “el guapo”, ahora “el ingenioso”– ha visto una oportunidad en la erupción del movimiento de vivienda, y la está aprovechando. Ceuta se desdibuja algo y esta cuestión le permite volver a vestirse el traje de hombre de Estado preocupado por la gente, puestas todas sus energías a trabajar por conseguir El DECRETO. Por un lado interpela directamente a Maricarmen, por otro, trata de culpar a Ayuso y Almeida. Aunque este marco ha sido el de toda la izquierda institucional: el desalojo es culpa de la Comunidad de Madrid, que no aplica la ley de vivienda, y argumentos parecidos. El experto en vivienda Pablo Carmona ha explicado en CTXT cómo después de la aprobación de la tímida y llena de agujeros Ley de Vivienda del 2023 se han producido más de 90.000 desahucios, la mayoría de los cuales no ha llegado a los medios. Tratan, como siempre, de representar la movilización: sí, tenéis razón, y estamos con vosotros, es la derecha la que nos lo impide.

La llamada izquierda “alternativa” también hace la misma operación y, aunque vendió la ley como una gran victoria, hoy se pasea por las manifestaciones y por Sol como si la cosa no fuera con ellos. Aquí se pasa del “estamos con vosotros” al “somos vosotros”. Ellos siempre quieren más pero no les dejan, su responsabilidad llega hasta ahí. No solo asoman la cabeza esperando que no se la corten, sino que creen poder recuperar alguna legitimidad chupando la energía política allí desplegada para poder remontar sus resultados electorales. Estén o hayan estado en el Gobierno –como en el caso de Podemos–, hay que exigirles responsabilidades. Nadie es virgen aquí.

Porque superar el clima instituido por la extrema derecha implica romper también la inscripción –y por tanto el cierre– de cualquier movilización en el previsible marco de lo electoral. La cuestión de la vivienda es nuclear en la estructura económica, pero también política y simbólica española. Más allá de la aprobación o no del decreto que pide el SI y que está destinado a mejorar las condiciones de las inquilinas, el pulso va a seguir ahí en la medida en que la solución al problema de la vivienda ni siquiera se vislumbra. El problema es estructural y requiere muchas más batallas. El sindicato lo sabe y se está preparando para ello.

El reto del SI y del resto del movimiento de vivienda es sostener esta presión gobierne quien gobierne y salirse de las trampas que le tiende el Gobierno progresista. De momento, ya ha conseguido cambiar el paisaje mediático, aunque sea por un tiempo, transformar la calle haciéndonos ocuparla de otra manera, juntándonos en un momento generalizado de desaliento. También está trabajando algo que pasa más desapercibido pero que es central: está transformando la cultura, produciendo otros valores al deslegitimar el rentismo. Esto es más importante de lo que parece, porque es desde ahí desde donde podemos impulsar luchas más ambiciosas, desde ese trabajo de hormigas. Y aunque el SI se focaliza mucho en hablar de fondos y grandes tenedores, es evidente que el mensaje está calando en otro tipo de propietarios: recibir rentas de alquiler es vivir del trabajo de otros. Este tipo de formulaciones supone una sacudida directa al corazón del modelo inmobiliario español, y es incómodo porque la capilaridad de las rentas de alquiler es profunda en la sociedad española. Con toda su dificultad, será imprescindible que estas ideas cuajen para poder regular también este sector y reducir las prerrogativas de todos los rentistas que hoy son excesivas bajo todo punto de vista.

La acampada está convocada hasta el martes, cuando se prevé la aprobación del decreto que va a tener muchas dificultades para salir adelante –entre ellas la oposición expresada por Junts–. Veremos qué sucede si el resultado es descafeinado. La energía presente en la plaza –la enorme cantidad de gente pero también la alegría que se vive– y el hecho de que hay más convocatorias en otros lugares del Estado indican que algo subterráneo está pasando. Quizás es el bendito desborde. Quizás la plaza siga ocupada después del martes o se transforme en otra cosa. Algo que tal vez pueda ir más allá. Se oyen voces que llaman a extender las protestas, incluso en forma de huelgas que consigan unir otras luchas en marcha, como las de los servicios públicos –en Madrid la manifestación por la educación del domingo 27 fue enorme–.

El caso de Maricarmen ha sido simbólicamente muy potente, y es lo que ha posibilitado esta emergencia: su perfil frágil y, al tiempo, una figura que podría representar a muchos sectores sociales, no necesariamente a los más empobrecidos. Esta capacidad de identificación ha sido, sin duda, una de las claves de su éxito. Nos toca, sin embargo, seguir hablando de las que no tienen más opción que okupar o que han tenido que dejar de pagar el alquiler, porque para ellas, la congelación de alquileres o los contratos indefinidos –aunque muy importantes– no serán suficientes. Nos toca también pensar que no todas las personas que tienen problemas de vivienda son “como nosotros”, que el problema abarca muchos perfiles: que hay gitanas, mujeres y hombres pobres como las de la Cañada Real, marroquís y menores no acompañados que son los que tienen más problemas para conseguir un hogar que pueda ser llamado así. Estas personas no dan bien en la televisión y nadie se identifica con ellas. Recuperar esas figuras y darles espacio en el debate público también implica una lucha antifascista. Eso es también un tipo de desborde. Porque estas semanas nos van a decir Ceuta, y nosotras vamos a contestar: derechos para todas.