Carta abierta al diputado Rafael Hernando. Muertos sin sepultura - ¡Zas! Madrid
Le he visto a usted, señor Hernando, en la televisión, en un ejercicio de falsedad e
hipocresía solo digno del Hurias Heep dickensiano de David Cooperfield, manifestando su sorpresa porque los que reclaman la exhumación del Valle de los Caídos de sus deudos asesinados por los franquistas, a los que enterraron junto a sus asesinos, estén siempre «con los muertos a vueltas» cuando usted desea que «los muertos descansen en paz», y hasta se atrevió a añadir que «alguien debe de entretenerse con ello».
Como yo tengo unas familiares muy cercanas que hace ochenta años que se están entreteniendo buscando los restos de su padre, le voy a contestar a tales manifestaciones contándole su historia.
El 17 de julio de 1936, Virgilio Leret, capitán de aviación del Ejército Republicano, al que había jurado fidelidad muy gustosamente, ya que pertenecía al Partido Socialista y había estado implicado en la conjura de Galán y García Hernández, era el jefe de la base de Hidros de Mar Chica en el Ataloyón de Melilla. Ese infausto día, el ejército faccioso sublevado a las órdenes del general Francisco Franco, asaltó la base. Después de una heroica resistencia que duró sólo unas horas, ya que no tenían ni municiones ni hidros, que se encontraban desguazados para limpiarlos, Leret y sus tropas se rindieron al ejército rebelde. Y, despreciando las leyes de la guerra, los facciosos fusilaron inmediatamente al capitán y a los trece oficiales que comandaban la tropa y que se habían batido valerosamente contra los fascistas, en defensa
del legítimo régimen de la II República.
Nunca se encontraron sus cuerpos
Virgilio Leret era el marido de mi tía, Carlota O’Neill, la hermana de mi madre, Enriqueta O’Neill, que pasó seis años de prisión por ser la esposa del capitán, y padre de mis primas María Gabriela y Carlota Leret O’Neill. Ellas, mis primas, todavía están buscando los restos de su padre para poder honrarle en una sepultura digna.
En similares condiciones, se encuentran 150.000 desaparecidos, asesinados por falangistas, franquistas y otros de igual laya, en todas las cunetas, caminos y campos de España. Como ya se ha repetido, España es el país que tiene más desaparecidos después de Camboya.
España es también el país donde después de una cruenta guerra civil, la única en Europa contra el fascismo, y de una dictadura interminable, no se han creado tribunales que aclararan los crímenes de los dirigentes del régimen, no se ha constituido una Comisión de la Verdad como en Sudáfrica, no se han anulado los innumerables infames Consejos de Guerra en los que se condenaba a muerte a republicanos, anarquistas, sindicalistas, socialistas, comunistas, masones, demócratas y simple gente del pueblo que había votado la República.
En Alemania, Francia, Portugal, Grecia, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, se han celebrado juicios contra los dictadores y sus sicarios torturadores, algunos incluso en España —¡macabra paradoja!— y condenado a decenas de años de prisión a los culpables, por los mismos delitos que en España cometieron sus conmilitones fascistas que nos oprimieron y explotaron durante cuatro largas décadas.
En España, no. En España se tardó 32 años en aprobar la Ley de Memoria Histórica después de morir el dictador. Una Ley que no anula los juicios fascistas, que no provee de medios para buscar las fosas comunes, desenterrar los restos y darles sepultura digna y que no indemniza a las víctimas. Y en cuanto el Partido Popular se hizo con el gobierno anuló todas las ayudas económicas —¡tan miserables!— que se habían concedido para llevar a cabo esa justa misión.
Ese Partido Popular que tiene como honroso representante a Rafael Hernando, que habla en nombre de su partido en los términos que acaba de hacerlo, y que no ha accedido a condenar el golpe de Estado de 1936, impuso sus condiciones para aprobar la Ley de Memoria Histórica en 2007.
Hace diez años, cuando se estaba debatiendo en el Parlamento, con interminables discusiones y estéril retórica escribí: «En definitiva, ser demócrata en España es diferente de serlo en Alemania o en Argentina. Hoy, ni siquiera a las víctimas sobrevivientes de la Guerra Civil y la dictadura se les otorga la satisfacción de ver a sus verdugos avergonzados. Porque nunca nos pidieron perdón».
Pero no solo no nos han pedido perdón sino que el portavoz del PP, partido que gobierna nuestro país, se permite burlarse de las víctimas. En otra célebre comparecencia ante los medios de comunicación Rafael Hernando afirmó que «algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones ». Por eso, para que los olvidemos definitivamente y dejemos de «entretenernos moviendo a los muertos » el Partido Popular ya no concede subvenciones para la búsqueda de las fosas comunes.
Pero quiero decirle, señor Hernando, que mis primas Gabriela y Carlota Leret O’Neill, no han recibido nunca subvenciones para buscar los restos de su padre. Han trabajado en la búsqueda de datos, en viajes desde Venezuela donde residen, en las entrevistas con los todavía supervivientes de aquella época, en procedimientos múltiples, administrativos y judiciales, de los que no han obtenido respuesta, costeándoselo de su propio peculio.
Y de la misma manera, la hija de Julián Grimau, fusilado en abril de 1963, y las hermanas de Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, y los amigos y parientes de los últimos ejecutados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975 —porque el dictador murió matando—, y las hijas y nietos de los miles de desaparecidos durante los exterminadores años de la dictadura, nunca han recibido ayuda económica alguna para su labor de perseguir la justicia.
Ciertamente, señor Hernando, usted no debe sentir vergüenza por sus declaraciones, ya que es muy proclive a divulgarlas. En diciembre de 2014 fue condenado a pagar 20.000 euros, con el portavoz adjunto Rafael Merino, al partido político UPyD por vulnerar el honor del mismo y acusarle de financiarse ilegalmente. En diciembre de 2012 negó el cambio climático aduciendo que esos “postulados” responden a “eco comunismo que profetiza lo mismo que eso de que el próximo 21 de diciembre se va a acabar el mundo“. En octubre de 2012 llamó al juez Santiago Pedraz “pijo ácrata” , comentario del que tuvo que disculparse poco después.
Usted no tiene vergüenza de pronunciar tales expresiones públicamente porque no tiene ningún familiar asesinado, torturado ni exiliado por los franquistas. Su pariente más conocido es Rafael Pérez Escolar, abogado y político, dentro de la antigua Alianza Popular —luego Partido Popular—, que fue representante del Consejo de Administración de Banesto en la etapa de Mario Conde, por lo que fue procesado.
Su biografía corresponde exactamente al arquetipo de la derecha española: dirigente de un partido fundado por Manuel Fraga Iribarne, ministro y embajador de Franco durante décadas; firmante de penas de muerte; ministro del Interior que afirmaba que “la calle era suya” y ordenaba a la policía matar a tiros a los trabajadores en las manifestaciones; autor de las leyes de represión de la libertad de prensa, de opinión, de manifestación, de partidos políticos. Un partido que protege al capital y oprime a los trabajadores, que le niega a las mujeres el derecho a disponer de su capacidad reproductora, que persigue la libertad de expresión y de manifestación, y que vota en contra de todo intento, por tímido que sea, de restaurar la memoria y la justicia en nuestro país.
Para completar el retrato del señor Hernando, es amante de las corridas de toros y procesiona cada Viernes Santo con las cofradías del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores de Almería. Y por supuesto, “no se entretiene moviendo a sus muertos” de las fosas comunes ni del Valle de los Caídos, porque no tiene ninguno.
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