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¡Zas! Madrid | February 18, 2025

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Ecologistas en Acción denuncia la nueva "ley ómnibus" del gobierno madrileño por favorecer la especulación - ¡Zas! Madrid

Ecologistas en Acción denuncia la nueva «ley ómnibus» del gobierno madrileño por favorecer la especulación
Redacción Zas Madrid

«La mayor parte de las modificaciones responden a presiones e intereses de las grandes corporaciones económicas sin tener en cuenta a la ciudadanía ni el impacto sobre el medioambiente»

Desde 2021, esta es la tercera ‘ley ómnibus’ que el gobierno regional aprueba para reducir o eliminar las garantías legales y procedimentales destinadas a proteger el medioambiente y gestionar adecuadamente el territorio madrileño

El viernes 27 de diciembre salió publicada en el BOCM la LEY 7/2024, de 26 de diciembre, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, conocida también como ‘ley ómnibus 2024’, que modificó 131 artículos de diez leyes relacionadas con el urbanismo, el medioambiente y la protección animal.

Esta ley fue tramitada con solo siete días de audiencia e información pública vulnerando los derechos ciudadanos de información y participación en los asuntos públicos. Una práctica antidemocrática que, según los ecologistas, se ha implantado en el gobierno de Díaz Ayuso para cambiar repentinamente numerosas leyes, «en muchos casos con modificaciones de calado, evitando así la tramitación separada de cada una de ellas, su análisis detallado y el debate social correspondiente». «Es una ley que no aborda el equilibrio del medioambiente y la ordenación del territorio, sino que persigue reducir o eliminar controles medioambientales públicos, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del espacio, tanto urbano como rural, y facilitar la implantación en el mismo de proyectos dispersos y de infraestructuras en beneficio de negocios privados y del capital inmobiliario, fomentando el expansionismo urbano y el crecentismo, a costa de un recurso no sustituible como es el suelo natural, en un territorio, el de la Comunidad de Madrid, que ya ha superado con mucho su capacidad de carga ecológica», añade la organización.

Todo ello se manifiesta, según Ecologistas en Acción, en la desregulación de la ordenación del territorio —materia conscientemente abandonada hasta ahora por los sucesivos gobiernos regionales— a través de la nueva figura de los Planes Territoriales, con la que se eludirá definitivamente la elaboración del Plan Regional de Estrategia Territorial a pesar de su obligación legal de acometerlo.

Los Planes Territoriales, permitirán al consejero intervenir puntualmente en el territorio, por encima de los Planes Generales Municipales y de la normativa medioambiental y patrimonial, para impulsar proyectos de alto impacto ecológico y depredador del territorio como macrocentros de proceso de datos, líneas de muy alta tensión, desarrollos tipo EuroVegas, el AgroHub Monesterio, urbanizaciones residenciales en espacios naturales o ciertos megaparques fotovoltaicos. Estos planes, además, se tramitarán de forma exprés, prácticamente sin capacidad de intervención por parte de la ciudadanía, de los municipios afectados ni de la Asamblea Regional Madrileña.

Además, la ley contempla otra nueva figura que afecta de lleno a las competencias de las administraciones locales sobre el planeamiento de su territorio: el Plan Estratégico Municipal que se antepone a las normativas de los PGOU (Planes Generales de Ordenación Urbana), «sembrando de incertidumbre e inseguridad jurídica el sistema de ordenación territorial local».

«Tanto los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales son nuevos instrumentos de escasa exigencia técnica y alta opacidad, con el único fin de que desde la administración regional se puedan promover intervenciones de agentes privados sobre el territorio al margen de controles medioambientales y sociales ». A juicio de Ecologistas en Acción, la administración regional está actuando de una forma completamente irresponsable e incluso en el sentido contrario a las lecciones derivadas de desastres naturales como el reciente de la Dana, en el área de Valencia.

La ley confirma y profundiza también en la privatización de la gestión administrativa de la edificación mediante las llamadas entidades privadas colaboradoras urbanísticas, que ya se habían introducido en modificaciones anteriores de la legislación del suelo, y que instala un modelo desigual, no equitativo y propenso a la corrupción, en la gestión urbanística.

El resto de las modificaciones de la ‘ley ómnibus’, elaboradas en muchos casos al dictado de los intereses de las grandes corporaciones —como se evidencia tanto en la exposición de motivos de la ley como en las alegaciones presentadas por estas empresas y asociaciones — tienen un común denominador: anteponer el interés económico cortoplacista de unos pocos al desarrollo de una economía sostenible que favorezca a toda la ciudadanía.

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