La segunda oleada de la COVID-19 ha golpeado de nuevo con fuerza, tensionando unos sistemas públicos de salud deficitarios y generando una crisis global que la Organización Mundial del Comercio ya califica de peor que la de 2008.

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo establece que el mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del virus y que, además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas.

En el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda ola, la Unión Europea ha fracasado en la gestión coordinada de la pandemia, y ni el Estado español ni el gobierno de la Generalitat han estado a la altura de las circunstancias. Una situación que pone al descubierto las políticas de recortes que precarizaron el sistema sanitario y los servicios públicos, la poca previsión respecto a la primera ola, la vergonzosa realidad en la tramitación de los ERTO y de las prestaciones de desempleo por parte del Estado y la mala gestión en la prestación de algunas ayudas –—como la de los autónomos— por parte de la Generalitat. Estas son tan solo algunas de las tesituras que generan todavía más incertidumbre económica y una mayor desconfianza hacia los gobernantes.

Una crisis donde la gestión de la pandemia se ha traducido en unas consecuencias económicas y sociales de grandes dimensiones. En este sentido, las restricciones a sectores profesionales como la restauración, la cultura o el deporte, entre otros, sin ir acompañadas de un amplio y ambicioso plan de rescate —con ayudas directas gestionadas eficientemente, moratorias en los pagos de los alquileres y aplazamientos de los impuestos—, son la tormenta perfecta para llevar a la ruina a miles de familias, para enterrar definitivamente a actividades profesionales y sociales de amplio prestigio y recorrido, y para crear una tensión social que puede estallar en cualquier momento a las puertas de unas elecciones catalanas.

La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña aprecia que la crisis del coronavirus ha empeorado la vulnerabilidad económica de las personas y colectivos más frágiles, precarios y humildes. Un panorama con miles de nuevas personas desempleadas, con centenares de miles de afectadas por expedientes temporales de empleo y con una mayor precarización de las clases populares y trabajadoras. Una situación que pone encima de la mesa que es imprescindible fortalecer los servicios públicos —empezando por el sistema sanitario—, que es urgente rescatar a las personas —a través de un plan de choque social— y que es esencial apoyar al tejido económico apostando por un modelo de desarrollo sostenible que priorice las dimensiones sociales, ambientales y humanas de la economía.