En los últimos cuatro años se han quemado 2.657,45 hectáreas en la Comunidad de Madrid

Según estas organizaciones es necesario tomar medidas contra las causas que originan los incendios forestales, no contra la biodiversidad de los montes

En lo que va de año, y sobre todo desde el 15 de junio que comenzó el Plan de Protección Civil contra incendios forestales, las organizaciones ecologistas han calculado, por los datos recogidos de la Agencia de Seguridad y Emergencia Madrid 112, que han ardido más de 1.200 hectáreas.

Las organizaciones ecologistas que exigen medidas eficaces al gobierno de la Comunidad de Madrid en contra de los incendios son la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura. Según estas organizaciones, la mayoría de estos incendios son intencionados o se deben a imprudencias, labores con maquinaria agrícola o mantenimiento deficiente de las instalaciones. Y apuntan que, «a pesar del aumento en las inversiones que la Comunidad de Madrid ha realizado en la lucha contra los incendios forestales con respecto a 2023, un 5,3% más este 2024, los incendios no han dejado de producirse aunque existen suficientes datos y tecnología para evitarlos. Algunos de los incendios producidos se podrían haber evitado si se hubiera llevado a cabo las medidas que la Comunidad de Madrid tiene recogida en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA)».

El Plan INFOMA prohíbe y limita el empleo de cualquier instrumento, vehículo o aparato (desbrozadoras, radiales, motosierras, así como cosechadoras, segadoras o tractores con aperos) que pueda generar chispas, deflagración, calor o descargas eléctricas en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de zonas forestales, desde el 15 de mayo y hasta el 31 de octubre —época de riesgo medio y alto— sin una autorización expresa de la Dirección General de Emergencias. «La falta de ese control y vigilancia ha propiciado los incendios más importantes que se han producido en la Comunidad de Madrid», según los ecologistas.

De esta manera se produjo el incendio de Loeches donde se calcinaron 720 hectáreas de cultivo, pasto y bosque mediterráneo en regeneración. El incendio se inició por el empleo, en las horas de más calor, de una cosechadora que trabajaba en la zona, y que carecía de los medios de extinción que obliga la ley, como batefuegos, extintores o mochila de agua. Igualmente ocurrió en los dos incendios en El Molar. El primero se debió al incendio de un camión que prendió en el arcén de la autovía A-1. El segundo incendio, que también afectó al término de Pedrezuela, tuvo su origen en el empleo de una radial.

Igualmente, los colectivos ecologistas reclaman la limpieza de las cunetas de las carreteras y que se sensibilice a la población de que no se tiren residuos ni colillas por las ventanas de los vehículos. «Estas medidas serían más eficaces en la prevención de incendios que desbrozar zonas con alto valor ecológico». En este sentido, las seis organizaciones madrileñas, recuerdan las numerosas denuncias interpuestas contra el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid por actuaciones gravemente impactantes, injustificadas, sin planificación y muy opacas, en el medio natural de la región, como en la Sierra Norte. «La vegetación no es la responsable de los fuegos, salvo los incendio originados por rayos, el resto tiene su origen en el ser humano», apuntan estos colectivos, que añaden la necesidad de que vuelvan las campañas de concienciación para prevenir los incendios.

Estos colectivos ecologistas apuntan que si en la Comunidad de Madrid las principales causas de incendios son la quema de residuos o restos agrícolas, el incendio de vehículos, el uso de maquinaria y problemas en la red eléctrica es inexplicable que no se tomen medidas concretas en cada uno de estos supuestos. Igualmente consideran que es necesario restringir temporalmente actividades de alto riesgo, como el tránsito y estacionamiento de vehículos en zonas forestales, la celebración de eventos en las decenas de fincas ilegales de bodas diseminadas por toda la región, el uso del fuego en fiestas patronales, etc.

Por último, reclaman un mecanismo disciplinario real y efectivo que sea ejemplarizante. «Esa “libertad” de la que hace gala el Gobierno de la Comunidad de Madrid puede ejercerse con responsabilidad y concienciación, sin poner en riesgo el patrimonio natural, vidas y bienes», concluyen.