«¿En qué momento hemos normalizado que las empresas tengan miles de viviendas?»

El sindicato se creó como una herramienta para defender colectivamente a todas aquellas personas que no quieren ni pueden tener acceso a la vivienda en propiedad. Los precios de los alquileres se han duplicado en diez años mientras que aumenta la concentración de la propiedad: hay cada vez más casas en cada vez menos manos, las de los grandes tenedores, como los fondos y otros grandes propietarios

Los llamados «fondos buitre» son aquellos fondos de inversión especializados en la compra de deuda de países o empresas que están en crisis financiera o al borde de la quiebra, a un precio muy bajo, para posteriormente exigir el pago completo de la deuda. «Su naturaleza es extractiva y oportunista, buscan obtener el mayor beneficio en el menor plazo posible», afirman desde el sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Muchas de las viviendas que el Ayuntamiento de Madrid construyó como vivienda pública fueron vendidas a los pocos años a fondos buitre que, posteriormente, echaron a sus inquilinos para ofertarlas a un precio muy superior. Por ejemplo, Fidere compró 1.860 casas en 2012 por 69.000 euros cada una en las zonas de Carabanchel, Arganzuela, Vallecas y Villaverde. Ahora, catorce años después, las vende por 630.000 euros. En Sanchinarro, otro fondo buitre ha enviado un burofax a varios vecinos diciéndoles que cuando les venza el alquiler van a vender sus casas. Igualmente, el fondo Lazora encarece más de un 35% el alquiler social a las familias de Sanchinarro X. Estas viviendas sociales pasaron a manos privadas en tiempos del alcalde del PP Alberto Ruiz-Gallardón (edil entre 2003 y 2011). Ana Botella (miembro del Partido Popular y alcaldesa de Madrid entre diciembre de 2011 y junio de 2015) vendió 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Los casos de fondos de inversión que se apoderan de viviendas públicas son numerosos.

«Además, el Estado español les hizo una alfombra roja a los fondos buitre a través de una reforma tributaria que redujo el Impuesto sobre Sociedades para las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), de un 25% a un 0%». El objetivo es aumentar los beneficios y la rentabilidad a la hora de invertir en vivienda en alquiler», denuncia el sindicato.

Las SOCIMI se han convertido en empresas utilizadas por fondos de inversión, no tanto por su interés en promover la vivienda en alquiler, sino para especular aprovechándose de estas ventajas fiscales.

2017 fue el año de creación del sindicato que se formó con los vecinos en lucha frente a la crisis de vivienda y a la burbuja de los alquileres en la Comunidad de Madrid. «La mayoría vivimos de alquiler y nos vemos obligadas a afrontar unas cuotas mensuales que superan la mitad de nuestros salarios, así como a lidiar con rentistas que hacen uso de su poder para seguir enriqueciéndose a costa de nuestro esfuerzo diario».

Asimismo, la finalidad de el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid es conseguir que el acceso a la vivienda sea un derecho garantizado para todas las personas. Actualmente, el sindicato está en lucha contra decenas de fondos buitre como Blackstone, Nestar, Vivenio, La Caixa o Elix Rental Housing: «Nos organizamos para recuperar nuestras viviendas y frenar el saqueo de los fondos buitre», apuntan.