Adelante Bebés Robados ha conseguido cambiar la normativa para que el robo de bebés no vuelva a ocurrir

La asociación Adelante Bebés Robados se creó en Madrid en 2012, con la agrupación de personas afectadas o víctimas por la posible sustracción de un recién nacido en las maternidades, tanto públicas como privadas, entre los años 40 y 90

Nuestra organización considera que la identificación del recién nacido es un derecho reconocido, tanto nacional como internacionalmente. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada el 20 de noviembre 1989, recoge en su artículo 7 que todo niño o niña tiene derecho a tener un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. En su artículo 8 especifica la obligación del Estado a proteger, y si es necesario restablecer, la identidad del bebé. Por su parte, la legislación española, y tal como indica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, apunta que los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que España sea parte. La Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, destaca «la seguridad de identificación de los recién nacidos y la determinación, sin género de dudas, de la relación entre la madre y el hijo, a través de la realización, en su caso, de las pruebas médicas, biométricas y analíticas».

Cambio de procedimiento
Uno de los procedimientos que se ha conseguido cambiar es la identificación del bebé que nace en un hospital. En la actualidad, cuando la madre ingresa en el hospital se le adjudica un kit de codificación, exclusivo para ella y su bebé, que consta de cinco partes adhesivas. Los dos primeros fragmentos se pegan en la historia clínica y en el documento de identificación Sanitaria Materno-filial. Los otros tres fragmentos se colocan todos juntos sobre la pulsera, y ahí permanecen hasta que se produce el nacimiento. En ese momento, se separa la pulsera que se pone inmediatamente y en presencia de la madre en el tobillo del recién nacido. Por último, se separa el fragmento destinado a la pinza del cordón umbilical. La madre y el bebé salen del paritorio perfectamente identificados y relacionados entre sí, y de esta manera permanecen hasta la salida del centro hospitalario. Estas medidas han propiciado que sea prácticamente imposible que hoy se produzcan nuevos casos de niños robados o cambios de identidad en los recién nacidos.

Los niños perdidos del franquismo
El origen histórico del tráfico de niños en España comenzó con el final de la guerra civil, en 1939. Entonces fue cuando surgió una limpieza étnica, una táctica copiada de la Alemania nazi, con el fin de eliminar el llamado “gen rojo”. Así lo determinó el comandante médico de psiquiatría Antonio Vallejo-Nájera, quien quería demostrar que las raíces biopsíquicas del marxismo desembocaban en una inferioridad mental, en su libro Psiquismo del fanatismo marxista III (1939). Antonio Vallejo-Nájera y la ideología franquista tenían una obsesión por la raza pura e hispánica, una especie de raza aria española, una manera de seleccionar a los niños y niñas que debían ser reeducados en un entorno familiar católico y tradicionalista.
En 1941, se aprobó una ley mediante la cual todos los niños y niñas que eran ingresados en los centros de la beneficiencia por sus “familiares”, perdían la patria potestad sobre sus hijos y automáticamente pasaban a ser propiedad del Estado. Este tipo de centros fue instaurado en el franquismo por la falangista Mercedes Sanz-Bachiller.
La adopción ilegal comenzó en las cárceles franquistas en donde había miles de mujeres militantes de partidos de izquierdas o simplemente esposas, madres o hermanas de republicanos. Sólo en la cárcel de Ventas había unas 5000 mil presas. También había niños y niñas que nacieron o que ingresaron en la prisión con sus madres, y pasaron sus primeros años de su vida privados de libertad por ser hijos de republicanos. De aquí partió un sistema de adopción por familias afines al régimen franquista. Estos niños perdían su identidad al borrarse los datos de sus verdaderos padres en los Registros Civiles.
En 1941, se creó el Patronato de Protección de la Mujer (presidido de manera honorífica por Carmen Polo), una institución pública que dependía del Ministerio de Justicia, encargada de controlar y regular la conducta moral de las mujeres, vigilando de cerca su comportamiento público y privado para garantizar su conformidad con los ideales católicos y patriarcales del régimen. Allí, en esos centros gestionados por religiosas, se las presionaba para que cedieran a los bebés y, en algunos casos, según testimonios de las afectadas, se les arrebataba. Esto continuó hasta mediados de los 80, en plena democracia.
En 1969, se fundó la AEPA (Asociación Española para la Protección de la Adopción), su presidente era el exfiscal del General Franco, Gregorio Guijarro, con el patrocinio del Consejo Superior de Protección de Menores y Cáritas Española. En su junta directiva había tecnócratas de la alta sociedad de distintas capitales de provincia. La asociación funcionaba de la siguiente manera: los médicos que en los hospitales atendían a las parturientas certificaban la muerte de los recién nacidos; por otro lado, estos recién nacidos ingresaban en la AEPA para ser adoptados por familias escogidas por la Iglesia, y los mismos médicos que habían certificado su muerte, ahora certificaban su nacimiento con los datos de los padres adoptivos. Los libros de estas adopciones están en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Mención destacada es la clínica privada San Ramón en Madrid, fundada por el doctor Eduardo Vela (el único doctor juzgado por el caso de los bebés robados). Una red de pisos privados, residencias de monjas y pensiones recogía a las mujeres embarazadas, no casadas, tres meses antes del parto. Estos lugares surtieron el negocio de compraventa de bebés de la clínica San Ramón desde finales de los 50 hasta febrero de 1982, fecha en la que se cerró. Todo lo controlaba la monja sor María Gómez Valbuena. Esta religiosa era asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina (O’Donnell, 59) y al mismo tiempo era la que conducía a las embarazadas a la clínica San Ramón. Sor María, imputada por secuestros de niños durante el franquismo, murió en 2013. Aunque estaba en pleno proceso judicial, las causas fueron archivadas.
En el auto del juez Garzón, del 16 de octubre de 2008, se contempla la cantidad de 30.000 niños y niñas que fueron sustraídos a sus padres, a la separación forzada de sus familiares por parte de los represores franquistas, hasta 1952. Las asociaciones cifraron después el número de bebés robados hasta entrada la democracia en 300.000 afectados. Los casos en los años 80 que han salido a la luz se multiplican. Incluso hay evidencias de casos en los años 90.

Adelante Bebés Robados, por nuestro derecho a saber la verdad
Adelante Bebés Robados nació en 2012 tras destaparse la realidad sobre las desapariciones de recién nacidos en maternidades, y hospitales en el Estado español; los conocidos como “niños robados”. El Estado creó en el mismo año una oficina de afectados por la posibles sustracción de un recién nacido.
Adelante Bebés Robados está formado por personas afectadas y víctimas de la sustracción de un recién nacido, en su alumbramiento, y de personas que buscan su origen biológico. Estos detalles son muy importantes para que no se confunda nuestra lucha. Porque a todas y todos nos metieron en el mismo saco, cuando hubo personas que fueron dadas en adopción. Entre asociados y simpatizantes la asociación cuenta con unas cien personas, que nos afanamos en saber la verdad.
Es cierto que el gobierno del PSOE, a través de la exministra de Justicia, Pilar Llop, nos dio muchas esperanzas para presentar una ley que favoreciera la búsqueda de nuestros familiares y para que la justicia se implique más, pero lejos de lo que esperábamos se nos ha ninguneado, y no ha habido ningún interés por llevar la Ley de bebés robados al Congreso. Y así ha sido legislatura tras legislatura, una y otra vez se vuelve a registrar la llamada Ley de Bebés Robados, y una y otra vez se vuelve a bloquear.

El caso de mi hermano robado
Recientemente, me han vuelto a archivar mi denuncia, por tercera vez. Denuncia interpuesta por el robo de mi hermano en la Maternidad de la Casa de la Madre, en la calle Goya 120 (archivar las denuncias es el procedimiento habitual de la Fiscalía de Madrid para no investigar absolutamente nada). Mi madre, Francisca Hernández, fue a esa maternidad para dar a luz. La clínica tenía una parte privada y otra de beneficiencia para las familias que utilizaban estos servicios sin poder pagar el Seguro Obligatorio de Enfermedad. El día 15 de septiembre de 1967, mi madre fue a la maternidad para hacerse un control ginecológico de embarazo, en la documentación clínica aportada se dice que no se escucha el latido del corazón del bebé. El día 22 de septiembre a las ocho y media ingresa y es atendida por una matrona llamada Inma Alonso y por el doctor Del Río. En el informe se pone que estuvo ocho horas de dilatación y a las 23:30 expulsa a su bebé muerto. También pone en el mismo informe, con numerosos tachones, que mi madre no expulsa el bebé a las 23:30 sino a las 00:15 del día 23. Todo es muy extraño. Existe otro documento del cementerio en el que no se especifica el día exacto del fallecimiento de mi hermano, y existen dos facturas de enterramiento una del día 23 y otra del 24, ambas por el mismo importe. Los datos son confusos y contradictorios. Además, consta otro documento que acredita que un cirujano, José Luis Pérez Rueda, atiende a mi madre por circulares de cordón en el cuello de su bebé. Gregorio Gomez Escasi es el que firma la licencia de enterramiento.

Continuamos, por tanto, en la lucha. Y así seguiremos hasta que se sepa la verdad y se haga justicia. Paso a paso se van consiguiendo pequeños avances: desde la aplicación de una ley para que en los hospitales y maternidades se ponga el brazalete a los bebés recién nacidos y a sus madres, hasta la eliminación de los nidos, que era donde se producían los cambios de bebés; también se ha logrado que el legajo de aborto se aplique a los seis meses de gestación, para evitar robos de bebés y que en las partidas de las personas adoptadas consten todos esos datos. La presidenta de Adelante Bebés Robados es Rocío García. Nuestro correo por si se quieren informar es adelantebebesrobados2012@gmail.com