Amnistía Internacional denuncia los cincos derechos humanos vulnerados en las residencias de personas mayores de Madrid durante la crisis de la COVID-19

Amnistía Internacional, en su informe publicado el 3 de diciembre, especifica cómo los derechos a la salud, a la vida privada y familiar, a tener una muerte digna y a la no discriminación de las personas mayores se han visto vulnerados en las residencias desde que comenzó en marzo la pandemia del coronavirus

En su informe titulado Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España, la ONG constata que las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia COVID-19, tanto en Cataluña como en la Comunidad de Madrid, han sido ineficientes e inadecuadas y han vulnerado al menos cinco derechos humanos de las personas mayores residentes.

«En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna», asegura Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional España.

Según los datos ofrecidos por la Comunidad Autónoma de Madrid, desde el 8 de marzo al 1 de mayo, hubo 5.828 personas fallecidas con coronavirus o sintomatología compatible en las residencias. Eso supone un 43,46% del total de muertes hasta esa fecha en la comunidad.

Tal y como señala el informe La Década Perdida, publicado por Amnistía Internacional el pasado 15 de julio, el gasto sanitario en la Comunidad de Madrid descendió un 7,79.% desde el 2009 al 2018, y en concreto la inversión sanitaria en el área asistencial de atención primaria se vio reducida en casi un 12%.

Según la organización, los efectos del desmantelamiento del sistema sanitario de salud pública se han manifestado en Madrid y Cataluña en la atención de personas mayores de residencias durante el pico de la primera ola de la pandemia (en marzo y principios de abril) de varias maneras: por un lado la falta de protección del personal que allí trabajaba, que no contaba con EPIs ni pruebas PCRs. Y por otro, muchas de las personas residentes no contaron con asistencia sanitaria adecuada, quedaron excluidas de la derivación hospitalaria de manera generalizada y tampoco recibieron la atención que necesitaban en las residencias, a pesar de la “medicalización” anunciada por las autoridades. Asimismo, muchas personas residentes han estado durante semanas enteras prácticamente incomunicadas con el mundo exterior y con sus familias. «Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos», ha declarado Esteban Beltrán.

La decisión práctica de no derivar a las personas mayores enfermas a los hospitales se aplicó de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas. Hubo personas mayores residentes necesitadas de atención médica que no pudieron acceder a un tratamiento adecuado de posible COVID19 u otras patologías ni en el hospital, ni en la residencia. En ambas comunidades hubo momentos donde no se realizaron ingresos en hospitales. Según Amnistía Internacional, esta discriminación atenta gravemente contra sus derechos. Asimismo, la organización ha recogido diversos testimonios que dan cuenta de los obstáculos que también existían por parte de los servicios de emergencia para el transporte sanitario (SUMMA y SEM).

«La combinación de falta de personal, de recursos y el obligado aislamiento por sospecha de COVID-19 de residentes produjeron un evidente deterioro en las personas residentes no solo físico, sino también emocional. Hemos documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital en situación de deshidratación y desnutrición; en muy mal estado».

Por estas razones, y ante la segunda ola de la pandemia, la organización declara que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respete los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las personas mayores que viven en residencias.

Pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, concluye la ONG, algunas de estas preocupaciones de derechos humanos hacia las personas mayores siguen vigentes en la segunda ola de pandemia.