Desde el día 22 de junio de 2019 no hemos tenido una reunión con el Ministerio de Justicia. Hemos pasado por una pandemia, pero seguimos aquí, no hemos dejado de querer saber dónde están nuestros familiares.

El domingo 22 de mayo, tuvimos una concentración en la Plaza de Jacinto Benavente organizada por las tres Asociaciones de Madrid (Todos los niños robados son también mis niños, Adelante bebés Robados y Sos Bebés Robados Madrid) para rendir un homenaje a las compañeras y compañeros fallecidos en los últimos años y que destacaron por su contribución constante y continuada en la lucha del colectivo de los bebés robados.

Los padres y las madres se están muriendo, y ustedes no han hecho nada. La reunión con el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), Antonio Alonso, fue un insulto hacia nuestra mentalidad y no nos aclaró nada, seguimos sin confiar en esta institución mientras que él la dirija.

Creemos conveniente una reunión con el Ministerio de Justicia y con el Director General de Memoria Democrática, Diego Blázquez.

Hasta ahora lo único que tenemos es una oficina que no está sirviendo de nada y la de ADN que todavía sirve menos, porque es necesario que toxicología u otro laboratorio imparcial nos practique las pruebas de ADN y que estas se hagan a todas las víctimas y a toda persona que nació en las fechas en las que nosotros estamos buscando, y que se les proteja su derecho a la privacidad, y no vayan a formar parte de una base de datos policial.

Hoy por hoy la única justicia que va hacer algo es la divina, de la terrenal no esperamos nada. Los culpables están muertos o se están muriendo y las familias víctimas de una mafia de trata humana y de personas que buscan su origen biológico no encuentran soluciones. Necesitamos más ayuda, más agilidad en la tramitación de una ley que permita saber la verdad a las víctimas. En Europa ayudan a las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, y en el caso de los bebés rodados, nadie ayuda.

La justicia española no está preparada para investigar casos de hace cincuenta años, y tampoco para destapar una trama de tráfico de bebés que ocurrió en España, con la complicidad del gobierno dictatorial de Franco. Aunque, ya en la democracia, cuando gobernaba el PSOE, se siguió con el robo de niños en las clínicas privadas —también en alguna pública— en donde todavía trabajaban religiosas.

Este tipo de desapariciones forzadas están tipificadas como un crimen de lesa humanidad en el Derecho Internacional, aunque la Fiscalía General del Estado y los juzgados se empeñen en aislar los casos, porque son los mismos médicos, los mismos jerarcas de la Falange y del Opus Dei los que movían toda esta trama, como se ha demostrado en múltiples investigaciones.

Hay miles de personas que quieren saber cuál es su origen biológico y constantemente se les niega este derecho, cuando es un derecho que está reflejado en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño, desde 1990. El derecho a conocer a tus progenitores es una ley.

Los laboratorios americanos MyHeritage y 23andMe que realizan tests de ADN, han encontrado a familias que se estaban buscando.

El Estado español nos tiene que tomar en serio. Queremos que los archivos se abran y que los funcionarios no tengan miedo a darnos esos documentos.

El Estado es el que tiene que proporcionar los tests de ADN gratuitos para que se lo puedan hacer todas las víctimas, las personas que buscan su origen biológico y las personas que hayan nacido en las décadas donde se produjo el robo de niños. Y esto hacerlo con el derecho a su privacidad y que sus datos no formen parte de una base de ADN policial. Y que esta base de datos no dependa de Toxicología; no confiamos en esa institución mientras el Director Nacional del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses sea Antonio Alonso. Esta labor deberá ser hecha por una institución parcial que esté comprometida con la causa de los bebés robado.

Sin más que decirle espero su respuesta y la fecha para una próxima reunión.

Atentamente,

Ángel Casero Hernández, Presidente de la Agrupación de Afectados Adelante Bebés Robados, por nuestro derecho a saber la verdad y justicia