El rechazo a la eutanasia está basado en una moralidad católica caduca y en intereses mercantiles

La Organización de Consumidores y Usuarios evidencia que tres de cada cuatro españoles están a favor de la eutanasia

Recientemente se aprobó la admisión a trámite de una Proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, del Parlamento de Cataluña con el fin de despenalizar la eutanasia. Este hecho ocurre después del rechazo de anteriores propuestas presentadas (Izquierda Unida y Unidos Podemos – En Común Podem – En Marea, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana) y coincide con el debate actual de una Ley de dignidad al final de la vida de Ciudadanos y la presentación de otra proposición más amplia del PSOE que sí reconoce la ayuda a morir, los casos susceptibles y el procedimiento regulatorio, pendiente de calificación, y similar a las que fueron rechazadas anteriormente.
Conviene recordar que la población española parece estar a favor de la eutanasia: las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya en 1992, revelaba que un 78% de ciudadanos y ciudadanas estaban a favor de los cuidados paliativos y un 66% se mostraba de acuerdo con que la ley permitiera a los médicos poner fin a la vida de un enfermo terminal que lo solicitase. Un 49% afirmaba estar de acuerdo con que esta decisión la pudiera tomar un familiar. Encuestas posteriores de la misma entidad, año 95, 2008 y 2009, un 62% se mantenían a favor del suicidio asistido, 7 de cada 10 se mostraban de acuerdo con la eutanasia respectivamente y el 73,6% a favor de la regulación respectivamente, de los cuales un 60% eran votantes del PP y un 90% de IU o PSOE. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2000) ponía en evidencia que tres de cada cuatro españolas y españoles estaban de acuerdo con la eutanasia.
Los y las profesionales de la medicina también están a favor de su regularización: el CIS de 2002 encontraba que un 41,5% opinaban que había que cambiar la ley a favor de la eutanasia y del suicidio asistido para enfermos terminales que lo soliciten, e incluso un 18,4% lo haría extensivo a los no terminales con grandes sufrimientos físicos o psíquicos. En esta encuesta se afirma que el 80% de los médicos jamás ha recibido petición de eutanasia, y el 91,9 nunca ha recibido petición de ayuda al suicidio. Estas cifras son diferentes a las reflejadas por la OCU en el 2000: entre un 65% de médicos y 85% de enfermeras reconocían haber recibido petición de eutanasia o suicidio asistido; también, que un 21% de los médicos dice haber participado en su práctica.
Algunas instituciones como el Observatorio de Bioética y Derecho (2003), el Instituto Borja de Bioética (2005) y el Consejo Consultivo de Bioética de Cataluña (2006), se han manifestado en el sentido de legalizar estas cuestiones.
La eutanasia lleva tiempo legalizada en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, algunos estados de EEUU, Canadá, Colombia y Australia, y los resultados, consecuencia de la evaluación efectuada, han aportado elementos importantes para el debate y han contribuido a desmentir argumentos en contra como el de la “pendiente deslizante”, merced a la cual, estas prácticas se aplicarían a personas vulnerables. En todos estos casos, se han puesto en marcha mecanismos de control que garantizan que no se produzcan abusos en su utilización.
La Ley General de Sanidad en 1986 ya reconoció el derecho del paciente a negarse a un tratamiento, requiriendo su consentimiento para cualquier intervención. Desde entonces, se han conseguido avances. En 1995 el nuevo Código Penal suaviza las penas por suicidio asistido y eutanasia (despenalización de la cooperación no necesaria o de complicidad); en 2001 se desarrolla el Plan Nacional de Cuidados Paliativos; en 2002 se promulga la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y a partir de 2010, las CC. AA., comienzan a elaborar y aprobar leyes sobre los derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida, conocidas como leyes de muerte digna.
No obstante, ni los cuidados paliativos han contribuido a resolver todo el problema, ni las mal llamadas leyes de muerte digna tampoco. Los primeros, son deficitarios y a veces se encuentran en manos de instituciones confesionales que los administran de manera inadecuada y en todo caso están sujetos a criterios profesionales que pueden ser muy restrictivos (recuérdese el fallecimiento reciente de una mujer en Canarias a pesar de la existencia de una Ley autonómica sobre Muerte Digna). Algunos afirman, que unos cuidados paliativos de calidad, evitan las demandas, lo que se desmiente en casos como el de Ramón San Pedro y similares y por la opinión de los propios profesionales (84% según CIS 2002). Las segundas, a pesar de reafirmar la autonomía del paciente, no consiguen el cambio de cultura necesario para que la relación médico-paciente no sea paternalista y afecta tanto a la persona con una enfermedad terminal como a los/las médicos y familiares. La famosa “conspiración de silencio” es la tarjeta de presentación cuando los/las profesionales acudimos al domicilio: “por favor, no le digan nada que le conozco y se va a deprimir y poner peor”. La experiencia demuestra que no solo no se deprime, sino que se muestra activo, arregla sus cosas pendientes, se despide y muere en paz.
Una muerte es adecuada o buena cuando está asistida por profesionales que evitan el dolor, controlan el miedo y la ansiedad del paciente en la medida de lo posible y aseguran los cuidados necesarios, ocurre en su domicilio (o en hospital si así se desea) en compañía de sus familiares y amigos, rápida y sin prolongar la agonía para no ser una carga para sus cuidadores (demanda de muchos de ellos). Será digna si la persona explicita como quiere que sea el proceso de morir y cuando y su decisión es respetada. Es necesaria una nueva Ley que solucione legalmente el supuesto en el que una persona con una enfermedad irreversible y sin tratamiento pueda solicitar que se le administre una medicación que ponga fin a su vida de manera anticipada, porque no hay derecho a vivir a cualquier precio, sin condiciones dignas y con sufrimiento y dolor irreversibles e intolerables.
Independiente de otros argumentos a considerar, el problema esta en la voluntad política de ciertos partidos, paladines de una moral cristiana, que no es la de todos, para imponer su criterio y no aceptan estas prácticas. Incluso, se permiten introducir modificaciones en la llamada ley de autonomía del paciente al promulgar otras, caso de la Ley 26/2015, de protección a la infancia y a la adolescencia, y que abre las puertas al encarnizamiento terapéutico.

El rechazo de la eutanasia en nuestro país está basado fundamentalmente en criterios de ética y moralidad de la Iglesia Católica que intentan imponerse a una población que ya mayoritariamente no los comparte y que ponen en tela de juicio la laicidad del Estado y su neutralidad frente a las convicciones religiosas.

También y más recientemente existen otros intereses en la prolongación artificial de la vida que tienen más que ver con criterios mercantiles y que son los que están detrás de posiciones corporativas que la rechazan, y de las de algunas asociaciones que dicen defender a los enfermos, pero que parecen mas interesados en defender intereses ideológicos y de las grandes multinacionales.

El que se legalice la eutanasia y el suicidio asistido no obliga a nadie, solo permitirá que las personas que así lo desean se les reconozcan y respeten sus derechos. Las y los profesionales sanitarios que no quieran verse involucrados en este acto pueden declararse libremente como objetores de conciencia, una vez que lo anuncien previamente y se inscriban en un registro que es necesario articular para ello. Es la única manera de evitar que se siga sufriendo en la fase final de la vida y que podamos decidir libremente sobre nuestra muerte.

Juan Antonio Salcedo Mata, es médico jubilado del Equipo de Paliativos y miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública