El Defensor del Pueblo entrega el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Una respuesta necesaria a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol

Ángel Gabilondo ha hecho entrega esta mañana a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, del Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria, dando cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición no de Ley del 10 de marzo de 2022, que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja

El Defensor del Pueblo hace constar en la introducción del Informe que «se trata de un Informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio». Ángel Gabilondo pone de relieve la importancia que las víctimas han tenido en todo momento a la hora de abordar los trabajos que ahora concluyen. El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema. Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos.

Por su parte, la mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020. La creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. Así como diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares. Además, entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

La Unidad de Atención a las Víctimas, también creada para abordar los trabajos del Informe, ha recogido información relevante sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres. Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de estas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

Los testimonios recogidos a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. Además de los testimonios directos recogidos para elaborar el Informe se ha tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la propia Iglesia y de investigaciones de medios de comunicación.

La mayoría de las víctimas son hombres. Y solo una pequeña parte de las personas acusadas de haber cometido abusos han sido juzgadas por parte de las autoridades civiles. La mayoría fueron mantenidas en sus puestos, trasladadas o, en menor medida, juzgadas a través de Derecho Canónico.

El objetivo del Informe ha sido el de describir la dimensión del fenómeno, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas, con el fin de que las recomendaciones emitidas sean útiles para la prevención y la reparación de las víctimas. Asimismo, se espera que los trabajos realizados y las conclusiones a las que los mismos han llegado contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes.

El Informe indica que «los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad».

Ángel Gabilondo subraya que «el Informe aporta claridad, datos y argumentos ante una cuestión que a todos resulta difícil de abordar, pero que es imprescindible hacerlo. Se trata de que se asuman responsabilidades, lo que implica responder de, responder ante y responder a. Y esta respuesta necesaria exige que el Informe que hoy entregamos a la Cortes Generales, a través de su presidenta, contribuya a la toma de mayor conciencia de la cuestión, y a dar efectivamente una respuesta a las víctimas, una respuesta exigida por ellas con buenas razones».