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¡Zas! Madrid | December 9, 2024

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Informe del Defensor del Pueblo con testimonios de 674 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia - ¡Zas! Madrid

Informe del Defensor del Pueblo con testimonios de 674 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia
Redacción Zas Madrid

Ángel Gabilondo presentó el 21 de noviembre en el Congreso, el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia

En el informe constan las declaraciones de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia: 563 hombres y 110 mujeres

Ángel Gabilondo expuso el pasado jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados su Informe sobre los abusos sexuales perpetrados en el ámbito de la Iglesia católica, e instó al Legislativo y al Ejecutivo a que implementen cuanto antes las recomendaciones contenidas en él: «las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue», declaró.

Durante su intervención en el Congreso, el Defensor del Pueblo recordó que el trabajo para llevar a cabo el informe se ha desarrollado en tres ámbitos de actuación: una Comisión Asesora —compuesta por expertos en diversas disciplinas—, una Unidad de Atención a las Víctimas y un Foro de Asociaciones.

Los testimonios de las víctimas
El Informe del Defensor del Pueblo se sustenta de los testimonios de las víctimas y «responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo: ser escuchadas, atendidas y correspondidas».
Así, ha señalado que a través de los testimonios recabados por la Unidad de Atención a las Víctimas se ha podido tener constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. De todas ellas, el Defensor ha señalado que 563 fueron hombres, el 84,19%, y 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%. Según ha explicado Ángel Gabilondo, los testimonios recogidos «han hablado de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que por extensión muchas veces también han sufrido toda su vida por ello. Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos». En su exposición, el Defensor del Pueblo se ha referido a la encuesta que contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española: 8.013 personas y revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. La encuesta concluye también que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y que en un 1,13% la agresión se registró en el ámbito religioso.

Veinticuatro recomendaciones
El Defensor ha desgranado algunas de las veinticuatro recomendaciones que contiene el informe y que se dirigen «al Legislativo, al Ejecutivo, al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española». Todas estas recomendaciones responden, en su opinión, a la necesidad de «dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio».
Entre las recomendaciones se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020; la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas, y que un órgano administrativo especial sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.

Con el debate del Informe del Defensor del Pueblo en el Pleno del Congreso culmina el cumplimiento de la encomienda recibida por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022, tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja.

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