El día siguiente a la investidura de Pedro Sánchez está alterado por un pronunciamiento de exmilitares que instan al derrocamiento. Están relacionados con el grupo que en 2020 ya fue noticia por desear «fusilar a 26 millones de españoles» y a quienes la Fiscalía exculpó negando delito de odio.

La campaña de las derechas contra la investidura de Pedro Sánchez ha llegado a su punto culminante hasta la fecha este viernes, con un pronunciamiento de militares retirados de distintos cuerpos que reclaman derrocar al presidente legítimo y forzar nuevas elecciones. Aunque el momento es relevante y la noticia está teniendo gran impacto, poco hay de nuevo en su posición, puesto que según distintos medios se trata de los mismos exmilitares ultras que ya en 2020 animaban en un chat a «fusilar a 26 millones de hijos de puta».
Se da la circunstancia de que aquellos mensajes en un chat fueron llevados por el Ministerio de Defensa a la Fiscalía de Madrid, pero esta determinó que no había motivo para imputarles siquiera delito de odio. El Ministerio Público consideró que sus integrantes exponían opiniones a los demás participantes del chat «con libertad» y «en la confianza de estar entre amigos», sin que existiera voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito. Y concluyó por tanto que «no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo».

También expuso que, según la información recibida por Defensa, los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, «algunos hace más de 40 años», sin que ninguno esté en activo ni en la reserva, ni siquiera en otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Defensa.
Aquel asunto no quedó en la esfera judicial, sino que llegó incluso a la tribuna del Congreso, puesto que el entonces diputado del PSOE, Odón Elorza, preguntó directamente a Vox: «¿cuáles son los 26 millones de hijos de puta a los que quieren fusilar?». Aludió con ello a ese chat y a una carta remitida al rey español, Felipe de Borbón, por setenta y tres militares ligados al partido ultra, en la que cargaban contra un gobierno «socialcomunista apoyado por filoetarras e independentistas».
En respuesta, la diputada de Vox Macarena Olona dijo no saber nada del chat, pero añadió después sobre el posicionamiento paralelo ante el Borbón que «es una manifestación en favor de la unidad de España y, como tal, por supuesto que es nuestra gente».

Reaparición
Ahora este grupo reaparece con una interpelación clara al derrocamiento de Pedro Sánchez, que es noticia de apertura en medios como El País. Se ha publicado en la web de la Asociación de Militares Españoles (AME), al mismo tiempo que el líder del PSOE tomaba posesión del cargo en Zarzuela. Los firmantes justifican su petición aludiendo al artículo 8.1 de la Constitución que otorga a las Fuerzas Armadas la función de «defender el ordenamiento constitucional», algo que ven en «grave peligro por la falta de independencia judicial». «Pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional la destitución del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual», reza el texto.
Obviando que la realidad es la contraria, por el bloqueo de la derecha a la renovación del Poder Judicial hace ya cinco años, estos militares retirados hablan de «acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales». Cargan concretamente contra el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la Fiscalía General del Estado.

Guardia Civil en Nafarroa
Del mismo modo, los militares retirados critican los indultos «para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017», la supresión de la sedición y la reforma de la malversación «solamente por intereses político», y lógicamente también la Ley de Amnistía en marcha que «deja inerme al Estado de Derecho».
También arremeten contra «la posible ruptura de la unidad de la nación, única e indivisible, al aceptar para la citada investidura la celebración de un referéndum de autodeterminación, y habiendo aceptado la denominación para Cataluña de ‘minoría nacional’ con los privilegios que conlleva en el Derecho Internacional».
Junto a ello, censuran «el ataque a las Fuerzas Armadas, con la cesión de cuarteles y eliminación de los desfiles militares», y califican de «desprecio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» la «desaparición de la Guardia Civil de Navarra, la cesión de comisarías en Cataluña y la violación continuada de las fronteras por inmigrantes ilegales, sin que el Gobierno las defienda debidamente».