La libertad de expresión ha sufrido importantes ataques en España

Este año continúa con ataques a la libertad de expresión: la condena del rapero Valtonyc por el Tribunal Supremo, el secuestro del libro Fariña de Nacho Carretero y la retirada de Arco de la obra de Santiago Sierra; tal y cómo discurrió 2017 según Amnistía Internacional y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Obra de Santiago Sierra, titulada Presos Políticos, retirada de Arco 2018.

El informe de Amnistía Internacional titulado España: el derecho a protestar, amenazado pone de manifiesto los abusos de la policía contra los manifestantes, la falta de rendición de cuentas por esos abusos y la determinación del Gobierno del PP en reforzar una legislación represiva. La crisis económica , con sus consecuencias de desempleo y precariedad, ha llevado a la ciudadanía a salir a la calle para expresar su protesta en numerosas manifestaciones. En ellas, la policía ha aplicado una fuerza excesiva, como así ha documentado esta organización.

Según el informe, la represión realizada por las fuerzas del orden público incluye la utilización de porras y proyectiles de goma, así como la realización de detenciones indiscriminadas; a pesar de que el propio Gobierno español ha reconocido que solo hubo actos violentos en menos del uno por ciento de las protestas. Asimismo, ha habido personas que han sido sometidas a malos tratos tras ser detenidas.

Leyes que restringen la libertad
El Congreso de los Diputados, con la mayoría absoluta del Gobierno del PP, aprobó la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (la conocida como Ley Mordaza), que restringen el derecho a la libertad de reunión pacífica, a la asociación y a la expresión. Estas reformas han supuesto un gran retroceso en la libertad de los españoles.

Los nuevos delitos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana limitan el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión, criminalizan algunas formas legítimas de protesta e incrementan las penas para otras. Las nuevas disposiciones contienen limitaciones a los lugares y fechas en las que se pueden celebrar manifestaciones, incluida la prohibición de las «reuniones espontáneas» en determinados lugares y multas a las personas que las organicen.

Se le otorga a la policía amplios poderes de decisión, sin salvaguardias de procedimiento, para multar a las personas que les muestren «falta de respeto». También se restringe la grabación de agentes de policía en vídeo, con multas de hasta 30.000 euros para quienes difundan las imágenes. En los últimos años, las imágenes grabadas durante manifestaciones han sido fundamentales para demostrar el uso excesivo de la fuerza y otros abusos de la policía durante el control policial de las manifestaciones.

Por otra parte, serán las autoridades gubernamentales y los tribunales los que impondrán multas por delitos de orden público; lo que supondrá un riesgo para las garantías procesales. Asimismo, determinados delitos se redefinen como «agravados» cuando, entre otras cosas, tengan lugar en el contexto de las manifestaciones o reuniones de gran tamaño. La definición de «obstrucción» es tan ambigua que puede incluir actos de resistencia pasiva y puede equipararlos a actos violentos.

El nuevo Código Penal abarca una diversidad de delitos que define como «terrorismo» mediante una redacción imprecisa y unas categorías de delitos excesivamente amplias como «resistencia» a las autoridades públicas y se prohibe por ley declaraciones en redes sociales que puedan ser percibidas como una incitación a que otras personas cometan ataques violentos, incluso sin que esa declaración pueda relacionarse con un acto violento.

Por todo ello, Amnistía Internacional denuncia que todas estas restricciones amenazan el derecho a la libertad de expresión y de asociación, a la presunción de inocencia, a la libertad de circulación, a la privacidad y a salir y regresar a tu propio país.

Algunos casos contra la libertad
Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha calificado 2017 de «muy mal año para la libertad de expresión», especialmente por las condenas por terrorismo a personas solo por sus opiniones en redes sociales, en versos o en canciones, como así lo especifica en su Balance anual sobre el estado de la libertad de expresión e información en España, con casos precisos.

Tuiteros y cantantes a la cárcel: «Me pide el fiscal 2 años y 6 meses de cárcel más 3 años de libertad vigilada por chistes de Carrero Blanco. Solo eso, chistes de un dictador». 2017 arrancaba, en lo que respecta a la libertad de expresión, con este tuit de la joven murciana Cassandra Vera, publicado el 10 enero. Cassandra fue condenada finalmente por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y a siete de inhabilitación

La última sentencia del año por un delito de opinión fue la del colectivo de hip-hop La Insurgencia. Sus doce integrantes fueron condenados a dos años y un día de cárcel. También en enero se conoció la sentencia del Tribunal Supremo condenando a un año de cárcel a César Strawberry.

César Strawberry, líder de Def Con Dos, condenado a un año de cárcel por ‘enaltecimiento del terrorismo’.

El sábado 4 de noviembre ingresaba en prisión Alfredo Remírez a causa de sus comentarios en redes sociales. Era el primer tuitero en entrar en cárcel de los detenidos en las llamadas «operaciones arañas», una serie de detenciones en cadena que la PDLI consideró absolutamente irregulares por ser investigaciones prospectivas, basadas en el rastreo de redes sociales, inaceptables en un estado democrático.

Multas por ley mordaza
En 2017 la policía siguió multando a periodistas por la Ley Mordaza, que en junio cumplía dos años de aplicación. Fue el caso del periodista de la emisora vasca Hala Bedi Mikel Sáenz de Buruaga, identificado por la Ertzaintza entre “golpes y empujones”, el 18 de mayo, por estar grabando con el móvil durante una intervención policial en el barrio de Errekaleor (Vitoria). También la periodista Cristina Fallarás fue multada con 600 euros cuando participaba en una protesta por el asesinato de reporteros en México; y Raúl Solís fue el primer periodista en Sevilla sancionado por la Ley Mordaza mientras trabajaba cubriendo una protesta contra el autobús ‘ultra’ de Hazte Oír. En febrero, era detenido el supuesto filtrador de Los Papeles de la Castellana, una investigación que supuso la primera revelación de los documentos de amnistía fiscal que se hicieron públicos en España, de al menos veintiún personajes relevantes, entre ellos, miembros de la familia Borbón y conocidos empresarios. En noviembre, la revista El Jueves resultó imputada tras la denuncia de sindicatos policiales a raíz de varios contenidos satíricos de la publicación en los que bromeaba sobre los policías antidisturbios desplazados a Catalunya y un posible consumo de cocaína.

Noticias falsas: amenaza contra la libertad de información
Las ‘noticias falsas’ cerraron el año igual que lo abrieron. Si al comienzo de 2017 estaban en primera línea del debate periodístico por su posible impacto en las elecciones que dieron el triunfo a Trump, los últimos meses volvieron a la actualidad convertidas en excusa para un posible control político de los medios; tal como viene apuntando en sus sesiones la Comisión mixta de seguridad nacional o el propio Gobierno.
Ante esta amenaza de injerencias políticas, el pasado 13 de diciembre, la PDLI junto con la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), Fíltrala/Associated Whistleblowing Press, y los medios Público, eldiario.es, Vozpópuli, Civio, Xataka y Maldito Bulo/Maldita.es han lanzado el manifiesto En defensa de la libertad de información para manifestar su rechazo y oposición a «los intentos de control político de la información periodística por cualquier medio, incluido Internet con la excusa de la amenaza de las ‘noticias falsas’».