El PP lleva gobernando 25 años en Madrid con la misma línea política radicalmente privatizadora y neoliberal

La pandemia no ha hecho virar este objetivo, más bien ha abierto nuevas oportunidades para hacer aparecer a las empresas privadas de salud como la solución al caos

Hay que retrotraerse al 14 de Mayo para comenzar a comprender la situación política y epidemiológica que vive hoy la Comunidad de Madrid. Es decir, a los días en los que Isabel Díaz Ayuso acusaba al Gobierno Central de imponer un mando único dictatorial que cercenaba las libertades de las y los madrileños, las libertades de los suyos. En aquel discurso se apelaba a la “libertad de los empresarios”: si la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho algo en estos meses de pandemia es apelar a su base social, al empresariado madrileño, a los comerciantes… Haciendo de la apuesta por la economía y su apertura un tema central para el Partido Popular, este posicionamiento ha creado un falso debate entre primar la seguridad sanitaria como tema de la izquierda y evitar el desastre económico como tema de la derecha.

Desde que la Comunidad de Madrid recuperase de forma plena las competencias para enfrentarse a la pandemia tras la desescalada, ha sido una constante la reclamación por parte de diferentes sectores de la sociedad (movimientos sociales, profesionales de la sanidad, de la educación, etc.), la dotación de medios para enfrentarse a la segunda ola de la pandemia. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Ayuso-Aguado ha sido la gestión más ideológica de la pandemia que se ha dado en todo el Estado español. En julio se exigían a la Comunidad de Madrid 1200 rastreadores para poder controlar la expansión del virus entre su población, en ese momento la Consejería de Sanidad prometía dotarse de 300 rastreadores y se calculaba que contaban con 150. La respuesta de la Comunidad al aumento de casos fue contratar 20 rastreadores a una empresa privada, Quirón, por valor de 200.000 €. Otra gran jugada fue la que realizó en la gestión de la vuelta al cole, Ayuso anunció una contratación de 11.000 profesores para poder cumplir las ratios de 20 alumnos por aula que marcaba el Ministerio de Sanidad, pero estos profesores resultaron ser los interinos que se incorporan todos los años y las contrataciones reales no llegaron a 300 profesores. Para incorporar a todo el profesorado a sus puestos de trabajo se decidió realizarles test de forma generalizada. Estos test también se adjudicaron a una empresa privada del sector de la salud, Ribera Salud.

El PP lleva gobernando 25 años en Madrid con la misma línea política radicalmente privatizadora y neoliberal. El desmantelamiento de los servicios públicos y la pandemia no ha hecho virar este objetivo, más bien ha abierto nuevas oportunidades para hacer aparecer a las empresas privadas de salud como la solución al caos y para fortalecer estos sectores. Es el modelo sanitario estadounidense, basado en enriquecer a las empresas privadas de salud a través del presupuesto público. Llevan años haciéndolo, no sólo con las privatizaciones y construcción de hospitales privados, sino también con la externalización de la gestión de muchos servicios de los hospitales públicos y hasta de los propios hospitales por completo.

A lo largo del mes de septiembre, la pandemia se ha ido acelerando en Madrid y no se han puesto medidas mucho más allá de las ya enunciadas. Reforzamiento de la atención primaria, contratación de más profesorado, una ampliación seria de rastreadores o un plan para el transporte público y los desplazamientos en Madrid que combinara una planificación de los horarios de entrada y salida del trabajo con más frecuencia y más personal para evitar el embotellamiento de hora punta. Todas estas posibles soluciones ni siquiera se han explorado y en su lugar el gobierno de la CAM ha profundizado en sus marcadas políticas de clase y tomó la decisión de confinar los barrios del sur.

Después de meses de información sobre las características de expansión del virus, el marcado carácter clasista y segregacional de las políticas de restricción de la movilidad, además de que era evidente para todo el mundo que no iban a funcionar mientras los desplazamientos laborales no se cortasen en seco, provocaron el inmediato rechazo por parte de las poblaciones afectadas. La explosión de movilizaciones en los barrios del sur confinados tiene varias explicaciones que no se circunscriben sólo a la pandemia y a la decisión de la Comunidad, aunque se han condensado de forma evidente en esta coyuntura. La segregación y la mala calidad de los servicios públicos es una cuestión que se ha ido agravando a la par que ha ido creciendo la desigualdad en estas zonas en la última década con respecto al centro y el norte de Madrid. Con el advenimiento de la pandemia eso se ha traducido en más contagios y más muertos; desde que se empezaron a tener datos llevamos viendo como el virus se estaba cebando especialmente con estas zonas. Las razones son de sobra conocidas: precariedad laboral, menor posibilidad de teletrabajo, zonas con mucha densidad poblacional, en definitiva, peores condiciones de vida que no se han paliado con más medios sanitarios.

Es cierto que, aunque las movilizaciones barriales estuvieron compuestas por los sectores más dinámicos de dichos barrios, todavía no podemos hablar de un escenario de desborde. Estas movilizaciones han sido sobre todo más fuertes en Vallecas, que tiene una identidad barrial particular y con fuertes tradiciones de lucha. Hay otro elemento importante en las movilizaciones barriales, que ha sido la participación de gente muy joven, que se incrementó con la agresión policial sufrida contra cuatro chicos de corta edad, dos de ellos menores. Esto también responde a una situación de largo recorrido y que se ha condensado ahora de forma especial. La juventud de los barrios populares de Madrid es criminalizada y perseguida de forma constante y además adquieren una fuerte identidad barrial por el sentimiento de guetización, de ahí la fuerte respuesta. Quizás lo más destacable ha sido la aparición espontánea de esta juventud, pero con consignas claras en defensa del barrio y contra la represión.

Madrid, en este punto de la pandemia, es un problema para cualquiera que juegue a la política institucional, porque se ha convertido en un campo de batalla para el reparto de las culpas. Como incidimos en el comienzo, Ayuso trató de culpar al Gobierno Central de todos los males mientras existió el mando único y defendió a su base social que presionaba para forzar la apertura económica y poder reabrir sus negocios. Unos meses después, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha encontrado ante la decisión de confinar Madrid y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para no tener que hacerlo. Primero tomó la decisión más fácil, confinar los barrios del sur dónde están mayoritariamente los votantes de la izquierda, y después ha buscado el choque con el gobierno central.

La reunión del 21 de septiembre de Pedro Sánchez con la presidenta de la Comunidad supuso un balón de oxígeno para su Gobierno, que se encontraba con todas las zonas restringidas en contra y con la certeza de que estas medidas no eran suficientes para contener la expansión del virus, pero que ir más allá le costaría la crítica de los suyos. Por otro lado, asistimos a una extraña jugada del PSOE que no ganaba nada en aquella reunión. Con parte importante de su electorado en Madrid confinado, solo podía sacar una cosa de aquella reunión: no cerrar ninguna puerta para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, tampoco la del PP. Ayuso fue conciliadora en esa negociación para conseguir una mesa de negociación que sabían que estaba muerta desde el principio. No se trataba de llegar a un acuerdo; se trataba de llevar al gobierno central a la acción y obligarle a tomar la decisión de confinar Madrid, lo que lleva al Gobierno de Madrid a estar en una situación mucho más cómoda, como en los meses de marzo y abril. Aceptando el confinamiento para no llevar la situación al límite de la legalidad, dejando atrás la vacua amenaza de declararse en rebeldía, pero llevando a los tribunales al gobierno para seguir apareciendo como garantes de los intereses económicos de la clase media rentista y de la fracción de las élites económicas madrileñas que todavía les prestan su apoyo.

La situación es ahora más compleja que hace unas semanas, también para los movimientos y las organizaciones que buscan una alternativa diferente a una destitución palaciega de Díaz Ayuso o una moción de censura de la izquierda institucional y C’s. En medio de un conflicto institucional y partidista, dirigir las críticas hacía la falta de medios puestos en marcha por la Comunidad de Madrid parecerá que exculpa al gobierno que para muchas personas ha tomado la decisión de recuperar el control de la pandemia en Madrid, pero por otro lado si se critica la ineficacia del nuevo confinamiento a nivel municipal parecerá que atacamos al gobierno central. Para escapar de este debate hay que plantear un horizonte que plantee soluciones más allá de lo institucional (aunque sin despreciar la necesidad de una moción de censura para echar a Ayuso); que ponga encima de la mesa que el confinamiento sin medidas sociales fuertes tampoco va a mejorar la situación. Por eso, hoy recobra importancia la idea de construir una huelga general unitaria, ciudadana, y amplia, que ponga encima de la mesa las medidas urgentes que deben tomarse para frenar la pandemia y paliar las graves consecuencias de la grave crisis social que apenas acaba de empezar a abrirse.